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Berguedà

Joan Busquets parla sobre la Constitució Espanyola

La Constitución de 1978 fue concebida para asegurar la continuidad del franquismo, con apariencias democráticas

Ante los excesos y escándalos de corrupción de la casa real, se comenta desde un tiempo a esta parte de reformar o cambiar algunos artículos de la Constitución o incluso de suprimirla enteramente. Sabemos que Juan Carlos I juró, en Cortes, en presencia de Franco, lealtad a los principios fundamentales del movimiento, reconociendo la legitimidad política al golpe militar fascista del 18 de julio de 1936. Con esta premisa quedó sin equívocos desde el principio la posición política del monarca.

Los partidarios deseosos de suprimir la Constitución, se basa, que quienes la proyectaron eran fascistas, empezando por Manuel Fraga Iribarne, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y otros individuos de su misma ralea, encargaron al duque Torcuato Fernández Miranda, jurista de formación, de redactar la Constitución española de 1978, y detrás de estos fascistas estaba el Rey, Juan Carlos I, que dio el visto bueno al documento.

Actualmente, los fascistas quieren modificar el artículo 168, relativo a la Corona para arropar el nuevo Rey (Felipe VI, ya que detrás de él no hay ningún varón para relevarlo, la preferencia de ser varón sigue primando para ser rey. Por consiguiente, a falta de varones se impone un cambio, aunque —una reforma constitucional— obliga a que cualquier revisión de la Carta Magna total o parcial que afecte a cuestiones de la Corona, los derechos humanos o la unidad de la nación se tenga que aprobar por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la posterior disolución inmediata de las Cortes. Finalmente, la reforma constitucional debe ser aprobada en referéndum. Lo cual no es de extrañar que el PP y otros sean refractarios de hacer cambios por miedo de perder el chollo del bienestar que disfrutan actualmente. Protegidos por una constitución hecha a su medida, tanto en el aspecto político, económico y social.

Los privilegios desmesurados otorgados al Rey es una prueba que España no es democrática como quieren darnos a entender. Dado que el Rey cuenta con una inmunidad penal ante cualquier acto delictivo que pudiera cometer y sobreprotegido por los medios de comunicación convencionales como si fuera un semidios intocable. Son muy pocas cosas que se han publicado de su persona y sobre sus afirmaciones políticas con un mínimo de objetividad… En el artículo 490.3 del Código penal se puede leer: «el que calumniase o injuriase al Rey, será castigado con la pena de prisión». Esto generó procesos por injuria al Rey en varias ocasiones. A pesar del silencio mediático del rey dista mucho de ser incuestionable: desde su falta de legitimidad democrática a la construcción de su súbita gran fortuna personal y el rico prosperar de su familia, pasando por una nunca aclarada actuación en el 23F. El rey nunca ha tenido que rendir cuentas de sus acciones.

«Juan Carlos I cuenta con una protección constitucional que le otorgaba el artículo 56.3 de la Carta Magna, un derecho que le está reservado desde 1978», actualmente es Felipe VI que beneficia de esta prerrogativa.

No obstante, hay voces que reclaman una consulta popular sobre si seguir con la monarquía parlamentaria. Creo que ha llegado el momento de desembarazarse lo que dejó Franco tan minuciosamente «atado y bien atado», en primer lugar habría que deshacerse de la constitución fascista que está repleta de contradicciones y a continuación el pueblo que elija libremente en un referéndum «Monarquía o República».

Una España Republicana sería un paso fundamental que concordaría mejor a las normas democráticas.

Juan Busquets